En defensa de las vecinas y vecinos ante el conflicto laboral de Auzsa

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  • Nota de prensa de las asociaciones de vecinos de La Jota, Arrabal y Barrio Jesús.


Al igual que las asociaciones de vecinos de La Jota y Arrabal (y todas las que firman este documento), entendemos que todo trabajador tiene y puede ejercer el derecho fundamental a huelga, esperamos se entienda que la labor de toda Asociación de Vecinos es la defensa de los intereses y derechos de nuestros vecinos y vecinas, motivo por el que, cuando se han cumplido más de 60 días de huelga por el conflicto entre trabajadores y Auzsa, empresa concesionaria del transporte público de Zaragoza, queremos denunciar la vulneración de los derechos de las vecinas y vecinos a tener un servicio de transporte público, ya no de calidad, sino mínimamente digno.

Auzsa. Viajeros subiendo al bus urbano.

Viajeros subiendo al bus urbano.

No vamos a calificar o valorar la manera en que los trabajadores de Auzsa han determinado la forma de presionar a la empresa, pero si queremos dejar claro que los verdaderos perjudicados en este conflicto, no son el Ayuntamiento de Zaragoza, ni Auzsa, sino los usuarios que diariamente usan el transporte público como medio para desplazarse a sus centros de trabajo, de estudio o a otra zona de la ciudad para realizar cualquier tipo de gestión; el autobús es su único medio de transporte posible para muchas vecinas y vecinos, por no disponer de vehículo privado o de los suficientes recursos económicos para usar otros medios de transporte más caros.

Desde las Asociaciones de Vecinos firmantes no comprendemos como la empresa concesionaria no es capaz de llegar a un acuerdo con sus trabajadores y resolver un problema que se está enquistando en el tiempo, parece dar la impresión de que estar encantada con esta huelga, y tampoco como el Ayuntamiento, en lugar de velar por los derechos de sus vecinos, ha tomado desde un principio una posición de excesiva pasividad.
El Ayuntamiento no tiene ni debe solucionar el conflicto, y mucho menos repetir actuaciones pasadas, pero sí que tiene la obligación de proponer, e incluso imponer, medidas correctoras que minimicen el impacto de una huelga, que dura ya más de dos meses, entre los vecinos y las vecinas usuarios del transporte público de esta ciudad.
Dichas medidas deberían dirigirse tanto al comité de empresa, para que realicen un gesto de amabilidad hacia los vecinos, como a la empresa adjudicataria de la contrata. Entre estas medidas, por ejemplo, se podrían suprimir o aumentar los servicios mínimos de las líneas de autobús que conectan con hospitales, centros universitarios y barrios rurales, o analizar la posibilidad de ir variando los horarios de los paros para no perjudicar siempre a las mismas personas. También proponemos la devolución de la parte correspondiente a los titulares de abonos mensuales, trimestrales o anuales sin la necesidad previa de realizar denuncia por el periodo de duración de la huelga debido a la pérdida del servicio ofrecido.
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